En su discurso de cierre de la Expo Prado 2022, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay recordó la incidencia que ha tenido la gremial desde su fundación, en las políticas de Estado para el sector agropecuario y como ejemplo señaló la creación del Código Rural que luego fuera homologado por el gobierno de 1875. En este sentido dijo que la gremial, a 150 años de su fundación, se siente «en el derecho y la obligación» de aportar «mejoras que hacen a la institucionalidad del agro».
Valdés solicitó al Estado a revisar la institucionalidad agropecuaria y adecuarlos a las nuevas exigencias que requieren los nuevos tiempos, con la incorporación de las últimas tecnologías de información. Al mismo remarcó la necesidad de maximizar los programas y proyectos que se llevan adelante, así como «maximizar el uso de los materiales tanto humanos como materiales del Estado», camino que según a su entender deben adoptar los «gobiernos departamentales, reduciendo al máximo su burocracia».
El presidente de ARU dijo que los gobiernos departamentales deben «liberar a los productores rurales de verdaderas peregrinaciones que enfrentamos con el único fin de mover nuestra producción. Basta mencionar como ejemplo la compra de guías y propiedad de transito acompañado del pago de 1 % por la venta es semovientes».
Ante el planteamiento del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de crear un «Plan estratégico agropecuario», en su discurso Valdés indicó que «el Ministerio puede y debe ser una solución y no un problema para el productor». Desde la Asociación Rural del Uruguay se entiende que «las distintas campañas sanitarias llevadas adelante por la Dirección General de Servicios Ganaderos son prioridad en este sentido».
El profesional indicó que las campañas contra «la garrapata, tuberculosis, brucelosis, así como el inicio del programa de erradicación de la mosca de la bichera, tan reclamada por los productores, forman parte de la mejor gestión de la que hablamos». Solicitó «actualizar los protocolos sanitarios estableciendo normas claras y de cumplimiento uniforme en cada uno de los departamentos».
Al respecto indicó que los «protocolos sanitarios deben ser estricto cumplimiento y control sin excepciones por parte del ministerio, quién en su ejercicio de policía sanitaria y en consulta con la Comisión Nacional honoraria de Salud Animal tomará las decisiones que correspondan, sancionando a todos aquellos que no cumplan con sus obligaciones».
Desde la ARU se entiende que las «campañas sanitarias deben ser funcionales a las necesidades del productor y no el productor funcional a las campañas». «Nunca alcanzaremos la efectividad que pretendemos, mientras el ministerio sea percibido como una amenaza y no como un aliado en solucionar los problemas sanitarios de cada uno de los productores afectados» agregó Valdés.
Respecto a las instituciones agropecuarias como el Plan Agropecuario e INIA, entre otras, se indicó que el plan agropecuario propuesto por el ministro debe incluirlas. «Se deberá analizar los objetivos de cada una evitando la superposición de competencias con el único objetivo del principio de especialidad» dijo el productor. Además remarcó la necesidad de analizar la viabilidad de los programas vigentes y eliminar aquellos que han quedado obsoletos por el avance de la tecnología.
Además Valdés reclamó ante la «inacción del sector público» en el Instituto de Bienestar Animal, para avanzar en el combate a las jaurías de perros, que están inviabilizando la cultura ovina, en especial «la de pequeños productores que resultan más vulnerables».
Salto, 20 de setiembre de 2021